A pesar de estar involucrada en una causa por la entrega de certificados inválidos en instituciones terciarias, la aspirante evitó el juicio accediendo a una probation, dejando a su paso afectados a miles de estudiantes y sus familias. Hoy aspira a una banca en el Congreso para representar al pueblo neuquino.

El escándalo afectó a miles de estudiantes y familias que confiaron en la legalidad de las instituciones, muchas de las cuales continuaron operando sin controles adecuados durante años. Este antecedente reabrió el debate sobre la falta de regulación en la educación privada y confesional, así como sobre la responsabilidad de quienes dirigen o representan dichos espacios ante la comunidad.

En el plano político, la polémica vuelve a poner bajo la lupa el mecanismo de designación “a dedo” desde Buenos Aires, que se repite en distintas provincias y contradice el discurso federal que promueve el espacio libertario. Dirigentes locales advierten que la candidatura de Márquez no refleja la voz neuquina y que su historial judicial debilita la credibilidad del partido frente al electorado provincial.

A pocos días de las elecciones del 26 de octubre, la figura de Márquez continúa generando divisiones dentro y fuera de su fuerza política. Mientras su entorno intenta minimizar el impacto de las denuncias, crece el malestar entre los votantes neuquinos que reclaman transparencia, representación genuina y dirigentes sin antecedentes judiciales para defender los intereses de la provincia en el Congreso.