En una decisión histórica, el Senado uruguayo aprobó la ley que regula la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, convirtiendo al país en el primero de América Latina en reconocer por ley el derecho a una muerte digna.

La norma fue sancionada tras varios años de debate parlamentario y contempla un procedimiento estricto, con ocho etapas y controles médicos. Solo podrán solicitarla mayores de edad, en pleno uso de sus facultades, que padezcan enfermedades incurables o sufrimientos insoportables que deterioren gravemente su calidad de vida.

El pedido deberá realizarse por escrito y ante un médico, quien deberá confirmar junto a otro profesional que se cumplen las condiciones establecidas. El paciente podrá revocar la solicitud en cualquier momento.

La ley excluye a los menores de edad y establece que los servicios de salud, tanto públicos como privados, deberán garantizar la práctica. El Poder Ejecutivo tendrá seis meses para reglamentarla y definir los mecanismos de supervisión.

Con esta medida, Uruguay reafirma su tradición de vanguardia en derechos individuales, al igual que lo hizo en el pasado con la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la ley trans.