Gabriel Romero, dueño del grupo Emepa y figura clave en el negocio de la Hidrovía, confesó haber pagado coimas por un decreto durante el kirchnerismo. Ahora busca evitar el juicio oral ofreciendo más de $510 millones como “reparación integral”.

Gabriel Romero, empresario dueño del holding Emepa y protagonista central en la Causa Cuadernos, ofreció más de $510 millones para evitar ser juzgado por el pago de coimas a cambio de un decreto favorable a su empresa Hidrovía S.A. En su declaración como arrepentido, Romero había confesado el pago de US$600.000 durante el gobierno de Cristina Kirchner para asegurarse la continuidad de esa concesión clave.

Romero construyó su fortuna a partir de negocios estratégicos con el Estado. A través de Ferrovías, controló la línea Belgrano Norte desde 1994, y tuvo participación en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca y Belgrano Sur. Pero su negocio más importante fue Hidrovía S.A., que junto con la belga Jan de Nul maneja la vía fluvial Paraná-Paraguay, por donde circula cerca del 20 % del comercio argentino.

El empresario también diversificó su actividad en el sector publicitario, a través de PC Vía Pública, empresa que operó parte del mobiliario urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Además, posee estancias y cabañas en la provincia de Buenos Aires bajo el nombre “Don Benjamín”, lo que completa un perfil de empresario vinculado a múltiples áreas con relación directa con el Estado.

En su confesión ante el fiscal Carlos Stornelli, Romero relató que hizo dos pagos de US$300.000 por la firma del decreto que extendía la concesión de la Hidrovía. También admitió haber entregado un 15 % de los subsidios que recibía al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y realizar un pago anual de medio millón de dólares como “retorno” para conservar la concesión de Ferrovías.

Ahora busca que el tribunal acepte su oferta de reparación económica por $510.298.166 y así extinguir la acción penal en su contra, evitando el juicio oral previsto para el 6 de noviembre. Sin embargo, esta estrategia enfrenta la oposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Ministerio Público Fiscal, que exigen que los responsables enfrenten el proceso judicial.