Más de 5.000 documentos deberán anularse y otros 240.000 están sujetos a revisión por problemas de seguridad. La situación genera largas demoras en aeropuertos, extensas filas en oficinas oficiales y deja a miles de argentinos sin acceso pleno a un derecho fundamental. Se trata de un hecho sin antecedentes en la administración pública.

El inconveniente salió a la luz cuando se detectaron inconsistencias en el sistema de control biométrico que puso en duda la autenticidad de miles de pasaportes ya emitidos. Aunque en un primer momento se habló de una falla técnica menor, la magnitud del problema obligó a las autoridades a reconocer que el error impacta directamente en la validez de los documentos y en la confianza internacional sobre la seguridad de los mismos.

En los aeropuertos, la consecuencia inmediata se tradujo en cancelaciones de viajes, pasajeros varados y un aumento en los tiempos de control migratorio. Varios viajeros reportaron haber quedado imposibilitados de abordar vuelos internacionales pese a contar con pasajes pagos y permisos laborales o familiares en el exterior, lo que agudizó la sensación de frustración e incertidumbre.

Las oficinas encargadas de la emisión, por su parte, registran desde hace días colas que superan varias horas. Empleados relatan que el flujo de reclamos es constante y que, en algunos casos, los turnos deben reprogramarse con más de un mes de espera. La situación afecta no solo a quienes ya contaban con su pasaporte en mano, sino también a quienes necesitan renovarlo o tramitarlo por primera vez.

El gobierno anunció que trabaja en un plan de contingencia para reimprimir los documentos afectados y reforzar los protocolos de seguridad en la emisión. Sin embargo, el impacto institucional es inevitable: la falla no solo deja en evidencia deficiencias en el sistema de gestión pública, sino que también erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar un derecho básico como es la libertad de circulación.