El Gobierno rechazó por completo una ley aprobada por el Congreso que buscaba garantizar fondos para universidades públicas y recomponer salarios. El veto abre un nuevo capítulo en la tensión con el sector educativo.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley Nº 27.795, que proponía asegurar el financiamiento de la educación universitaria pública y mejorar los salarios de docentes y no docentes. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 647/2025 y representa una firme postura del Ejecutivo frente a una iniciativa respaldada por el Congreso.

El proyecto buscaba garantizar fondos específicos para el funcionamiento de las universidades nacionales, impulsar la formación académica, mejorar la infraestructura, ampliar la oferta educativa y actualizar partidas presupuestarias según la inflación. Además, contemplaba mejoras salariales para los trabajadores del sector.

Desde el Gobierno argumentaron que la ley interfería con la administración de los recursos del Estado y comprometía el control del gasto público. Sin embargo, la decisión fue recibida con críticas desde el ámbito universitario y por parte de legisladores opositores que impulsaron la iniciativa.

El veto se da en un contexto de creciente malestar en las universidades, que vienen reclamando mayores partidas presupuestarias para garantizar su funcionamiento. Con esta decisión, se profundiza el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sistema educativo público del país.