El Ministerio de Justicia adjudicó un contrato por casi $649 millones para pasajes y asistencia al viajero, a una empresa cuya propuesta era $34 millones más cara que la de otro oferente.

El 14 de agosto de 2025, el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, adjudicó un contrato por $648,8 millones para pasajes aéreos, terrestres e internacionales, así como asistencia al viajero. Lo hizo bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, que permite extender el contrato sin nuevas licitaciones si no se agota el monto. La empresa elegida fue Sudameria Incoming Solutions SRL, pese a que la segunda oferta era casi $34 millones más barata.

La adjudicación despertó críticas por la falta de un precio testigo y por los altos costos en comisiones, que se suman al precio de los boletos. Según el expediente, el Estado deberá pagar más de $45 millones en comisiones solo por 600 pasajes nacionales, con un promedio de más de $76.000 por trámite. Lo mismo ocurre con los pasajes internacionales, traslados en ómnibus y seguros, donde las comisiones oscilan entre $25.000 y $91.000 por gestión.

Aunque se priorizaron criterios técnicos como el acceso a software global, atención personalizada y cobertura médica extendida, la diferencia de precios y la falta de detalles sobre los fees plantean dudas. La SIGEN incluso señaló que no se pudo establecer un precio de referencia, lo que impide evaluar si el contrato fue económicamente conveniente.

En un contexto de tensión política y cuestionamientos a su gestión, Cúneo Libarona queda en el centro de la escena. La compra, más que un trámite administrativo, evidencia la necesidad de auditoría pública: el Estado debe transparentar cuánto viajan sus funcionarios y cuánto cuesta realmente cada pasaje emitido.