Una corte de apelaciones de Nueva York podría resolver en los próximos días si la Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF a Burford Capital. La decisión llega en un momento crucial, con implicancias legales, políticas y económicas. El riesgo de desacato vuelve a encender alertas en el gobierno de Javier Milei.

El juicio por la expropiación de YPF entra en una fase decisiva. Mientras sigue en curso la apelación por el fallo de USD 16.000 millones contra el país, esta semana se espera una resolución clave: la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York definirá si suspende o no la orden que obliga a Argentina a entregar el paquete mayoritario de acciones de la petrolera a Burford Capital, el fondo que compró los derechos litigiosos. El pedido del país es que se congele esa medida mientras se analiza la apelación de fondo.

Si la Cámara no da lugar al pedido argentino, el gobierno podría negarse a entregar las acciones, lo que abriría la puerta a una posible situación de desacato con la Justicia estadounidense. Un escenario así dañaría aún más la ya deteriorada imagen internacional del país y complicaría sus esfuerzos para volver a los mercados financieros y atraer inversiones. El presidente Milei intenta reposicionar a la Argentina, pero este frente judicial podría convertirse en un obstáculo grave.

En paralelo, Burford busca cobrar el fallo cuanto antes. Aunque sostiene que no quiere controlar la compañía ni quedarse con las acciones de forma permanente, presiona para que se cumpla lo ordenado por la jueza Loretta Preska o, en su defecto, se imponga otra garantía tangible. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó como amicus curiae y recomendó que se suspenda la transferencia hasta que se resuelva la apelación completa, alineándose con la postura argentina.

El telón de fondo de esta batalla judicial está marcado por internas en el equipo de defensa del Estado: se produjeron más de 60 despidos en la Procuración del Tesoro por sospechas de filtraciones de información clave. En este clima enrarecido, el gobierno ratifica que no negociará con Burford y promete llevar la causa hasta la Corte Suprema de EEUU si es necesario. La decisión de los jueces en las próximas horas marcará el rumbo del litigio y sus posibles consecuencias para el país.