La Justicia federal volvió a impulsar la investigación por espionaje ilegal que involucra a un ex policía y a ex funcionarios públicos. El caso apunta al hackeo de celulares de jueces de alto rango.

La causa por espionaje ilegal que había quedado estancada vuelve a cobrar fuerza. La Justicia federal busca esclarecer una red de hackeos que afectó a jueces de Casación y de la Corte Suprema, con maniobras que habrían tenido origen en la provincia de Misiones. El principal imputado es el ex policía Ariel Zanchetta, acusado de operar dentro de una estructura clandestina con vínculos en distintos sectores del Estado.

El juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli reactivaron las medidas tras meses de espera por peritajes técnicos. Se ordenó a la DAJUDECO un nuevo informe sobre los dispositivos incautados y se solicitó información a organismos como ANSES, AFIP y ARBA, en busca de conexiones con otros implicados en redes de hackeo, como el caso “Dark PFA”.

Entre los afectados figuran jueces que intervinieron en causas de alto perfil, como la que condenó a Cristina Kirchner. También aparece vinculado el ex funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, señalado por su posible rol en operaciones contra ex ministras, aunque aún no fue citado a declarar.

La causa vuelve a avanzar en un escenario de desconfianza institucional, con antecedentes recientes de choques entre sectores políticos y el Poder Judicial. La investigación apunta a desentrañar una trama compleja, que mezcla tecnología, espionaje y tensiones de poder.