Un proyecto presentado en Diputados propone permitir allanamientos en domicilios privados y oficinas comerciales de funcionarios públicos con fueros. La iniciativa excluye los despachos oficiales, pero busca agilizar investigaciones.

El diputado nacional Gerardo Milman propuso el proyectó para permitir a la Justicia avanzar con allanamientos en propiedades particulares y comerciales de funcionarios públicos sin necesidad de un proceso previo de desafuero. La medida no afectaría los despachos oficiales, que seguirán bajo resguardo institucional.

Según el legislador, esta modificación busca evitar que los fueros actúen como una barrera para la recolección de pruebas en investigaciones penales. En su presentación, Milman explicó que la intención es “impedir que funcionarios investigados tengan tiempo de manipular o eliminar evidencias antes de que intervenga la Justicia”.

El proyecto se enmarca en un contexto de creciente demanda social por mayor transparencia en la función pública y por herramientas más eficaces contra la corrupción. Para Milman, “mantener la actual limitación erosiona la confianza pública y desarma al Poder Judicial frente a los privilegios políticos”.

En ese sentido, subrayó que los fueros no deberían ser confundidos con impunidad. “Están pensados para garantizar el ejercicio libre de la función pública, no para bloquear investigaciones judiciales legítimas ni proteger a quienes delinquen”, afirmó.

Aunque todavía no fue tratado en comisiones, el proyecto promete reabrir un debate clásico sobre los alcances de los fueros parlamentarios. Si prospera, podría convertirse en un paso significativo hacia un mayor equilibrio entre la inmunidad legislativa y el principio de igualdad ante la ley.